El cartista Esteban Samaniego lidera la lista de los diputados requeridos por la Fiscalía. El primer pedido para su desafuero fue comunicado en el 2019, en el anterior periodo legislativo y cuando respondía a Colorado Añetete. En ese momento enfrentaba una querella criminal por difamación y calumnia entablada por la ciudadana Sara Raquel Prieto Ozuna. Ese mismo año lo denunció el entonces senador opositor Jorge Querey por agredirlo en el estacionamiento del Congreso.

En diciembre de 2023 en el marco de la causa abierta por administración en provecho propio y asociación criminal mientras se desempeñaba como intendente de Quyquyhó (2011 y 2017). Como la Cámara Baja no se expidió, el Ministerio Público reiteró la solicitud en marzo de 2024, tras la vuelta de los diputados del receso parlamentario, pero hasta la fecha dicho trámite sigue pendiente. En esta etapa ya se había pasado al cartismo.

En 2021 también estuvo involucrado en un caso de agresión, al participar de una pelea entre operadores políticos y en las internas del 7 de junio pasado se lo vinculó con los incidentes que terminaron a los golpes.

Sin embargo, siete años después de las primeras causas, sigue gozando de la protección de sus correligionarios.

Nepobabies. En julio de 2024, la Fiscalía solicitó el desafuero de los liberocartistas Roya Torres y Cleto Giménez por el caso de nepobabies.

La primera fue imputada por cobro indebido de honorarios junto a su hijo, Elías Godoy, quien siendo bachiller y a sus 18 años, fue contratado por la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre con un sueldo de G. 9.500.000. El caso cobró notoriedad debido a que el joven no se presentaba a su lugar de trabajo e incluso fue protegido por su padre, Roque Godoy, intendente de Presidente Franco. El jefe comunal habilitó una oficina en el Este para justificar la ausencia de su hijo en Asunción.

Un proceso similar abrió contra Giménez y sus dos hijas Johanna Denisse y Danna Maricela, quienes ganaban G. 3.300.000 y G. 7.700.000, respectivamente en la Cámara Baja.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú comunicó en marzo de este 2026 el pedido de desafuero de Walter García, de Yo Creo, por complicidad en la supuesta sobrefacturación de obras del Hospital de Ciudad del Este. El principal investigado en la causa es el ex intendente Miguel Prieto, quien aspira a la presidencia de la República en las elecciones del 2028.

Caso más reciente. Si bien el disidente Mauricio Espínola había pedido su propio desafuero el año pasado tras la denuncia de Horacio Cartes, el trámite nunca corrió.

Por este caso había sido imputado junto al ex presidente Mario Abdo Benítez y otras siete personas por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Sin embargo, se abre otra ventana tras su reciente imputación por homicidio culposo. El legislador protagonizó un accidente de tránsito el 16 de mayo y el motociclista al que embistió murió el 27 del mismo mes.

Al respecto, la Mesa Directiva de la Cámara Baja le sugirió que presente él mismo su pedido de desafuero, aunque igualmente el presidente de Diputados, Raúl Latorre, puso en duda los 53 votos que se necesitan para aprobar el trámite. Comentó que las distintas bancadas deben llegar a un consenso, pero se desconoce si se desbloquearán las trabas a las demás solicitudes pendientes.

338,5 millones de guaraníes se habría llevado irregularmente Esteban Samaniego de la Municipalidad de Quyquyhó, durante su periodo como intendente (2011-2017).
53 votos se requieren para aprobar el desafuero de cualquier diputado. Son cuatro los legisladores que deben enfrentar procesos con la Justicia por diferentes causas.

Via: UH