El nuevo decreto crea una comisión interinstitucional para coordinar radares, aviones, inteligencia y fuerzas en tierra contra vuelos irregulares vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. El plan no habilita el derribo de aeronaves, pero busca cerrar una de las principales grietas de seguridad del país: la falta histórica de control efectivo sobre el espacio aéreo.

El presidente Santiago Peña puso nuevamente en marcha el programa Cielo Guaraní Soberano, una estrategia de vigilancia, interceptación y respuesta coordinada frente a vuelos irregulares utilizados por estructuras del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otros delitos conexos. La decisión fue oficializada mediante el Decreto N° 6057, firmado tras una reunión en Mburuvicha Róga con autoridades de defensa, seguridad e inteligencia, además de representantes de Estados Unidos.

El esquema apunta a resolver un problema que durante años fue señalado como una de las mayores debilidades del Estado: la limitada capacidad para detectar, seguir e interceptar aeronaves sospechosas que ingresan, sobrevuelan o utilizan territorio paraguayo como plataforma logística para el tráfico de drogas, armas y otros ilícitos.

El decreto crea la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano, cuya función será coordinar a las instituciones del Estado involucradas en la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional. El objetivo declarado es fortalecer las capacidades preventivas, operativas e investigativas para combatir vuelos irregulares, narcotráfico, crimen transnacional organizado y delitos conexos.

La comisión deberá elaborar un Programa Nacional que defina responsabilidades, procedimientos de coordinación y mecanismos de actuación de cada institución participante. Es decir, el decreto no se limita a anunciar operativos aislados, sino que busca ordenar un sistema permanente de trabajo conjunto. 

La estructura incorpora al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Comando de las Fuerzas Militares, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, CODI, Policía Nacional, Senad, Secretaría Nacional de Inteligencia, Dinac, DNIT, Mitic y Senabico.

El modelo anunciado combina tres niveles de acción: detección aérea, interceptación y reacción terrestre. Primero, los radares y sistemas de vigilancia deberán identificar vuelos sospechosos. Luego intervendrá la Fuerza Aérea con aeronaves de interceptación, especialmente los Super Tucano. Finalmente, si la aeronave aterriza o se confirma una operación ilícita, deberán actuar rápidamente las fuerzas en tierra: Senad, Fiscalía, Policía, Ejército y otras instituciones competentes.

La clave del plan está en la velocidad de respuesta. Las autoridades remarcaron que no basta con detectar una avioneta irregular si no existe una fuerza terrestre lista para llegar al punto de aterrizaje, incautar la carga y capturar a los responsables. El comandante de la Fuerza Aérea, Julio Rubén Fullaondo, explicó que en este tipo de procedimientos una aeronave puede aterrizar y volver a despegar en pocos minutos, por lo que la coordinación entre aire y tierra será determinante.

El programa tiene respaldo de Estados Unidos y se vincula con una línea de cooperación militar que viene avanzando en los últimos meses. Cielo Guaraní Soberano tiene antecedentes desde 2015, con origen en una doctrina impulsada desde la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur estadounidense, con sede en Key West, Florida. Según las autoridades, el programa funcionó hasta 2020 y luego quedó desactivado.

La reactivación coincide con la reciente promulgación de la Ley N° 7654, que aprueba un memorando de entendimiento entre Paraguay y Estados Unidos para la adquisición de artículos y servicios de defensa. Esa normativa habilita mecanismos especiales para compras militares vinculadas a programas administrados o facilitados por el Gobierno estadounidense.

El esquema también se complementa con el acuerdo SOFA, aprobado por Ley N° 7630/2026, que establece el marco jurídico para la presencia temporal de fuerzas estadounidenses en Paraguay en actividades de cooperación.

El Gobierno sostiene que el plan se apoya en una modernización del sistema de defensa aérea. Para los operativos se utilizarán aviones Super Tucano, radares y sistemas de mando y control. Actualmente se revitalizan dos radares móviles, mientras que se prevé la incorporación de nuevos radares primarios adquiridos de Estados Unidos.

Los Super Tucano forman parte de una compra de seis aeronaves adquiridas de Brasil por unos US$ 101 millones, financiadas mediante un préstamo descontado de Itaipú. Cuatro ya fueron incorporadas y las dos restantes llegarían en setiembre, según la información oficial difundida por autoridades militares.

El Gobierno también había anunciado la compra de radares de largo alcance por medio del programa FMS de Estados Unidos, como parte de una estrategia de recuperación de la soberanía aérea.

Uno de los puntos centrales es que el decreto no habilita el derribo de aeronaves. El programa apunta a detectar, interceptar, obligar al aterrizaje y activar la respuesta terrestre, pero no contempla una ley de derribo. La legislación vigente no permite esa medida, aunque las aeronaves militares pueden responder ante amenazas concretas.

Este punto es clave porque el debate sobre el derribo de narcoavionetas ya generó controversias en Paraguay. Estados Unidos, incluso, se había manifestado en contra de una ley de derribo por considerarla contraria a estándares internacionales.

Via: masencarnacion