Este jueves, un grupo de siete imputados por supuesta estafa a dos ciudadanos argentinos fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Itapúa. Los detenidos, identificados como Germán Caballero, Víctor Galeano, Brahian Fleitas, Juan González, Miguel Tilleria, Juan Martínez y Gustavo Martínez, fueron enviados desde la Comisaría Primera y la Comisaría Segunda.

El procedimiento generó controversia, especialmente tras la intervención de la defensora de los imputados, Adela Meza, quien cuestionó la legalidad del traslado. Meza señaló que, según su información, el Juzgado Penal de Garantías había programado una audiencia para la revisión de medidas, la cual no habría sido respetada por la Policía Nacional, lo que a su juicio configura una irregularidad grave.

«Lo que se está ejecutando es inadecuado y no se ajusta a lo que dictan las normas», manifestó Meza, expresando su preocupación por el respeto a los derechos de sus defendidos.

Por su parte, el Comisario Principal Rubén Bazán, jefe de la Comisaría Segunda, se defendió indicando que no había recibido documentación que justificara el retraso en el procedimiento. «No llegó hasta mi oficina ningún documento que indique que debíamos esperar una audiencia», aclaró Bazán, insistiendo en que actuaron conforme a lo que se les ordenó.

El caso ha suscitado interés en la comunidad, que espera claridad sobre las acciones del sistema judicial y policial, así como el cumplimiento de los derechos de los imputados en el marco de este proceso legal.

Vía: MásEncarnación