La Justicia impuso penas de hasta cuatro años de prisión por un esquema de transferencias fraudulentas que ocasionó un perjuicio de G. 995 millones; la investigación permitió rastrear las operaciones mediante evidencias tecnológicas y registros bancarios.
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- 09:53 am, 9 de junio, 2026
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La agente fiscal Ruth Benítez, titular de la Unidad n.° 1 Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos mediante Sistemas Informáticos, obtuvo en juicio oral la condena de José Rafael Yaratí Báez a cuatro años de pena privativa de libertad, de César David Fernández Amarilla a tres años, y de Martín Federico Varela a dos años y ocho meses de prisión, tras ser hallados responsables de un esquema de estafa informática que ocasionó un perjuicio patrimonial de Gs. 995.000.000 a una empresa internacional con sucursal en Paraguay.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Mario García, Olga Ruiz y Celia Salinas, resolvió por unanimidad las penas impuestas.
Durante el juicio oral se demostró que José Rafael Yaratí Báez, quien ocupaba un cargo de confianza en el área administrativa de la empresa afectada, utilizó indebidamente las credenciales de acceso del gerente general, quien se encontraba de reposo, para ingresar al sistema de banca electrónica de la firma. Desde allí realizó dos transferencias vía SIPAP por un total de G. 995.000.000 a favor de César David Fernández Amarilla.
La investigación permitió corroborar, mediante el análisis de direcciones IP, dispositivos utilizados y registros de trazabilidad informática, que las operaciones fueron ejecutadas desde las oficinas de la empresa y a través del equipo informático asignado al condenado. Los elementos técnicos recabados permitieron identificar con precisión la fecha, hora y dispositivo desde el cual se efectuaron las transferencias no autorizadas.
Asimismo, se acreditó que, al día siguiente de concretadas las transferencias, el 18 de mayo de 2023, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela retiraron en efectivo la suma de G. 994.600.000 de una entidad bancaria ubicada en Villa Morra.
Durante el proceso, ambos condenados no lograron justificar el origen de los fondos recibidos. Además, las diligencias investigativas incluyeron el análisis de imágenes de circuito cerrado de la entidad bancaria, las cuales permitieron corroborar su participación en el retiro del dinero.
Con estas condenas, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución de los delitos informáticos y la protección del patrimonio de las personas y las empresas frente a hechos punibles cometidos mediante el uso de tecnologías.