SGC se presentaba como una plataforma de inversión en trading, prometiendo altos rendimientos económicos en corto tiempo y utilizando un discurso cargado de motivación, supuesta educación financiera y testimonios falsos para captar inversores. El funcionamiento se basaba en un esquema piramidal clásico: se requería una inversión inicial mínima, se prometían retornos semanales o mensuales, y se incentivaba a los participantes a reclutar nuevos “socios” para incrementar sus ganancias.

Esta estructura colapsó cuando el flujo de nuevos aportes se frenó. A partir de allí, la empresa dejó de pagar a los inversores y desapareció del radar, dejando a cientos de familias con severas pérdidas económicas. Muchas personas llegaron incluso a vender bienes o utilizar sus ahorros con la esperanza de multiplicar su dinero.

Días antes de que estallara el caso, el diputado Germán Solinger ya había advertido públicamente sobre la existencia de SGC durante una sesión de la Cámara de Diputados, solicitando a las autoridades competentes que investiguen la legalidad de su accionar.

Esta no es la primera vez que un esquema piramidal afecta a comunidades del interior del país. Sin embargo, llama la atención la repetición del modus operandi: promesas de dinero fácil, lenguaje financiero sofisticado para aparentar seriedad, y el uso de referentes locales como cara visible del sistema, mientras que los verdaderos responsables permanecen ocultos. Una vez que el fraude se consuma, son precisamente esos promotores locales quienes cargan con la presión social, mientras los verdaderos estafadores desaparecen sin dejar rastro.

Expertos advierten que este tipo de estafas se nutre de la falta de información financiera y de la confianza mal direccionada. A pesar de las múltiples advertencias virales y casos similares ocurridos en el pasado, sigue habiendo personas que, por desconocimiento o necesidad, vuelven a caer en estas redes fraudulentas.

Desde el distrito se exhorta a las personas afectadas a reunir toda la documentación posible, como recibos, capturas de pantalla, mensajes y cualquier otro material probatorio, y presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Así también, se recomienda no dejarse amedrentar por los coordinadores locales ni aceptar presiones para guardar silencio.

El caso SGC vuelve a poner en evidencia la urgencia de educar financieramente a la población y de que las autoridades actúen con firmeza para frenar este tipo de delitos que afectan gravemente la economía y la confianza social en las comunidades más vulnerables.